martes, 22 de marzo de 2011

Sucesos de Casas Viejas (enero de 1933)

Los sucesos de Casas Viejas es el nombre con el que ha pasado a la historia uno de los episodios más importantes y trágicos de la Segunda República Española, y catalizador de la caída de Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros; así como aura de desprestigio de la autoridad gubernamental republicana por parte de las clases populares.
En 1933 España se encuentra inmersa en la llamada Revolución de Enero de 1933, una insurrección huelguista de tres semanas de duración, durante la cual se desarrollaron los asesinatos de Casas Viejas que conmocionaron a la opinión pública española contemporánea.
El 11 de enero de 1933 tuvo lugar en la localidad gaditana que actualmente se llama Benalup-Casas Viejas una revuelta protagonizada por un amplio grupo de anarquistas de la CNT secundando la huelga general revolucionaria convocada por la central sindical a nivel nacional, con la intención de hacer la revolución, para así conseguir llegar a organizarse sin gobierno, atendiendo a su ideología libertaria. Hicieron reparto de alimentos para los más necesitados, abolición de la propiedad privada, destituyendo al alcalde e intentando tomar el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban un sargento y tres números. Durante el enfrentamiento hirieron de muerte al sargento y a uno de los números.
Enterado el Gobierno, envió inmediatamente fuerzas de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, todos ellos al mando del capitán Manuel Rojas que entraron a tiros en el pueblo, incendiaron la casa donde se habían refugiado algunos de los dirigentes de la insurrección, entre ellos Francisco Cruz Gutiérrez, conocido como "Seisdedos" que muere calcinado junto a otros vecinos al ser incendiada su choza por la Guardia de Asalto, y luego procedieron a una serie de detenciones: fusilando a participantes, sospechosos, vecinos y a sus familiares aleatoriamente, algunos de los cuales fueron ejecutados tras sufrir tremendas torturas (algunos fueron quemados vivos).
Un testigo presencial, guardia de Asalto, escribió jornadas después de los asesinatos que «allí estuvimos hasta el final de la toma, que fue a las cuatro y cinco de la madrugada que se sintieron los últimos tiros».
Conocidos los hechos en el resto de España, se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario, que conmocionó a la sociedad española. Por 170 votos a favor y 130 en contra, las Cortes aprobaron la creación de una Comisión de investigación sobre los sucesos el 24 de febrero, formada por Manuel Muñoz Martínez, Puig Ferrater, Gabriel Franco, Poza Juncal, Fernando González Uña, Jiménez Asúa, Miguel García Bravo-Ferrer, Lara, Botella y Casanueva. El 15 de marzo la Comisión elabora un informe definitivo en el que reconoce la existencia de los fusilamientos. Sin embargo, el Gobierno gana una moción de confianza el 24 de marzo por 210 votos contra 1. No obstante, este hecho hizo perder mucha popularidad al gabinete de Azaña y, a la larga, sería una de las causas de su caída en las elecciones de noviembre de 1933. El movimiento libertario, además, inició desde entonces un llamamiento social de rechazo hacia la autoridad republicana que caló profundamente entre las clases populares, cada vez más distanciadas de un República burguesa que no cumplía sus anhelos de justicia y equidad social.
El capitán Rojas acusó en el proceso de estar simplemente cumpliendo las órdenes de Azaña, quien había indicado hacer el mayor número de muertos, mediante la frase: "No quiero heridos, los tiros a la barriga". Sin embargo, en el juicio posterior no se probaron estos comentarios.
El periódico de la CNT describió los hechos como "Fue una razzia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño". Numerosos periodistas y militantes ácratas, entre ellos Ramón J. Sender, Eduardo de Guzmán y Francisco Ascaso, acudieron días después de los sucesos a la localidad a cubrir la noticia y solidarizarse con los vecinos represaliados.
En julio de 1934, 26 campesinos de Casas Viejas fueron juzgados por los delitos de posesión de armas de guerra y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. Diez fueron absueltos y, de los restantes, uno condenado a 6 años de prisión, cuatro a 5 años, dos a 3 años, seis a 2 años y tres a 1 año.

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